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            En el evento organizado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA-CICAD), el magistrado Salazar Hernández detalló que en este 2016 se constituyó el Comité para el Seguimiento de la Implementación del Programa Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, encabezado por el titular del Poder Judicial, Sergio Javier Medina Peñaloza.

Agregó que se han realizado conversatorios interinstitucionales, así como se ha realizado un ejercicio de autoevaluación y autocrítica; en esta misma actividad se determinó afinar los parámetros de elegibilidad de los candidatos, con el objetivo de incrementar los casos de éxito y continuar la capacitación especializada.

            Asimismo -dijo- mejorar las pruebas de tamizaje, a fin de determinar claramente el contexto criminológico del candidato de forma precisa que permita establecer el mejor tratamiento, por lo que es necesario continuar con la capacitación.

 

Ante representantes de poderes judiciales de 11 entidades de la República Mexicana, integrantes de la OEA – CICAD y la Embajada de Estados Unidos en México, el consejero de la Judicatura dio a conocer que el territorio mexiquense es el único del país en el que se cuenta con tratamiento residencial, donde los participantes permanecen en casas y centros especializados de rehabilitación, en los que reciben atención clínica integral.

     El magistrado Salazar Hernández destacó que es necesario fortalecer los estímulos a los participantes con la finalidad de fortalecer la reinserción social, actividades que ya se han iniciado como la posibilidad de que los participantes asistan a funciones de cine o ingresen gratuitamente a centros recreativos del gobierno mexiquense.

            Desde su inicio en 2014 en el Estado de México, 29 personas han participado en la suspensión condicional del proceso a prueba, de las cuales ocho se han graduado en los distritos judiciales de Toluca, Temascaltepec, El Oro, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco.

            En la entidad, el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, dependiente de la Secretaría de Salud; la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el Instituto de la Defensoría Pública, el Centro Estatal de Medidas Cautelares y la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Estatal de Seguridad son las instancias operadoras del programa, a quienes el magistrado reconoció por su esfuerzo y sensibilidad para que el proyecto funcione.

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