La clausura se llevó a cabo con fundamento jurídico en el Código para la Biodiversidad del Estado de México, por no contar con la autorización de Impacto Ambiental.
La normatividad ambiental establece para un caso de este tipo, una multa que podrá ir de los 94 mil 362.5 pesos a los 4 millones 151 mil 950 pesos.