La iniciativa que adiciona el artículo 5.35 del Código de Procedimientos Civiles fue remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.
PRUEBAS DE PATERNIDAD GRATUITAS PARA GARANTIZAR DERECHOS DE LOS MENORES
Para garantizar el respeto a los derechos de los menores nacidos fuera del matrimonio, la diputada Bertha Padilla Chacón propuso reformas al Código Civil de la entidad para establecer la obligación del Estado de realizar sin costo alguno la prueba de paternidad o maternidad cuando sea demandada.
En nombre del Grupo Parlamentario del PRD, la legisladora señaló que es común que en los hogares monoparentales los pequeños no cuenten con la filiación paterna o materna, lo que vulnera sus derechos básicos, como el de acceso a la alimentación o de un régimen de visitas por el progenitor faltante.
Además, agregó, madres solteras no acceden a estas pruebas por su alto costo, lo que obliga al Estado a intervenir para facilitarles el procedimiento, pues le corresponde garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en la crianza y desarrollo de los menores, velando siempre por el interés superior del niño o la niña.
La propuesta fue remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.
COMBATIR LA VIOLENCIA INFANTIL Y PROMOVER LA BUENA CRIANZA
Con el propósito de eliminar disposiciones jurídicas que perpetúan la violencia y la discriminación infantil en el Estado de México y para fomentar el principio de buena crianza, el diputado Raymundo Garza Vilchis (PAN) presentó una iniciativa de reforma a los códigos Civil y Penal, ambos del Estado de México.
Respecto al Código Civil, propone establecer el deber de buena crianza de quien ejerce la patria potestad, pues las niñas y niños deben ser tratados con respeto y no deben ser objeto de castigos corporales o de cualquier otro trato humillante.
También plantea que, en el caso de que el padre y la madre no lleguen a un acuerdo respecto del orden que deben seguir los apellidos, el oficial del Registro Civil o la autoridad judicial acordará el orden atendiendo al interés superior del niño, además de evitar cualquier forma de discriminación hacia niñas y niños, mediante el reconocimiento de igualdad ante la ley, la familia, la sociedad y el Estado.
En cuanto a la pérdida de la patria potestad por sentencia, propone que se agoten las diligencias para la identificación, búsqueda, localización y valoración de algún familiar idóneo para asumir la responsabilidad de proporcionar al menor un hogar, medio familiar o entorno que le sea lo menos ajeno posible y que contribuya a su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, antes de considerar su envío a los albergues de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.
Sobre las reformas al Código Penal, Raymundo Garza plantea derogar la fracción IV del artículo 243 por considerarla permisiva y tolerante con el maltrato infantil.
En la legislación vigente esta fracción establece que a la madre que diere muerte a su propio hijo dentro de las 72 horas de nacido se le impondrán de tres a cinco años de prisión y de 75 a 125 días multa, siempre que concurran las siguientes circunstancias: que no tenga mala fama, que haya ocultado su embarazo, que el nacimiento del infante haya sido oculto y que no se hubiere inscrito en el Registro Civil y que el infante no sea legítimo.
La propuesta fue remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.
